Desde hace más de 10 años se sentó un precedente del gobierno para evitar la tortura en México, ya que en 2003 se firmó el protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual se ratificó en 2005 pero entró en vigor hasta 2006. Así mismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos implementó un mecanismo para la prevención de esta práctica en 2007. Con lo anterior, el relator especial sobre la tortura de la ONU, estuvo en México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, para evaluar las acciones que hasta el momento se habían llevado y erradicar la tortura en México. 

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 20 inciso B párrafo segundo que: «Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura.» Esta última es definida  por el artículo primero de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como: «todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público en el ejercicio de funciones públicas o instigación suya con su conocimiento o aquiescencia.»

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Según la cifras que arrojó la CNDH, del 2006 a 2015 hubo 4 mil 404 quejas sobre trato cruel, y es la Secretaría de la Defensa Nacional  la que más número de quejas tiene, aunque la realidad es que 7 de cada 100 delitos no se denuncian. En 2012 según la encuesta del CIDE, el 57.2 % de los detenidos en centros federales, dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. 

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A finales de abril de 2017, en el Senado de la República representado por las comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, aprobaron la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Cámara Alta definió este acontecimiento como una oportunidad histórica para los derechos humanos en México y así evitar que desde la detención de una persona, hasta la puesta a disposición ante la autoridad judicial sea torturada.

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