La Cámara Alta del Congreso de la Unión remitió a la Cámara de Diputados la Ley General de Archivos, la cual tiene como objetivo la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismo de los poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, personas físicas, morales, sindicatos, entidades federativas y municipios. Todos estos sujetos están obligados a producir, organizar y conservar los documentos ya que dicha legislación señala como facultad del Estado mexicano respetar el derecho a la verdad, así como el acceso a la información y el fomento al conocimiento del patrimonio documental de la Nación.
Por lo anterior, se creará el Sistema Nacional de Archivos el cual será el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de conformidad con los procesos de gestión documental, el cual será coordinado por el Consejo Nacional de Archivos. Esto Consejo se integrará por los titulares del Archivo General de la Nación, de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública; un representante de las cámaras de Diputados, de Senadores y del Poder Judicial de la Federación; un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; un titular de la Auditoría Superior de la Federación, del Banco de México; un representante de los consejos locales, un representante de los archivos privados y otro del Consejo Técnico y Científico Archivístico.
Los documentos pueden ser de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica. Sin embargo, se realizó un apartado exclusivo para archivos que tengan que ver con la violación de los derechos humanos por la importancia que ha cobrado en los últimos años. Por su parte, el Archivo General de la Nación pasa a ser un organismo descentralizado y especializado. La información tendrá que cumplir con los términos que marca la transparencia y el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La ley señala también que los monumentos históricos serán considerados como documentos de archivo.
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández (@Laura_Rojas_) del PAN, explicó: «Se trata de una ley que impactará los procesos de la administración pública, a fin de garantizar que la información que los sujetos obligados generen esté disponible y se le trate adecuadamente.»
El senador sin partido político, Alejandro Encinas Rodríguez (@A_Encinas_R), mencionó: «Es un paso sustantivo ya que el Archivo General de la Nación deja de ser un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación para dotarlo de autonomía técnica y de gestión, en el que se crea un Sistema Nacional de Archivos encabezado por el Archivo General.»
Zoé Robledo Aburto (@zoerobledo) senador del PT, precisó: «Se lograron avances como sacar de la Segob la idea de que ahí debe residir y habitar la memoria de los mexicanos; con esta ley, el Archivo General de la Nación se puede transformar en una institución descentralizada con autonomía técnica y de gestión, como la guarida de la verdad y herramienta para alcanzar la libertad.»
El senador del PAN Héctor Larios Córdoba (@LariosHector), destacó: «Con la aprobación de este dictamen se resolvieron varios dilemas, como el derecho a la memoria y de la protección de datos personales y familiares, o si los archivos pueden ser públicos o privados, y esto se resolverá con la creación del Sistema Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación estará a cargo de este Sistema.»