En el último mes del 2017 se analizó, se discutió y se aprobó una de las legislaciones más polémicas del entramado legal que rige la vida social en México, la cual tiene como objetivo regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Así como presentar auxilio y protección frente a riesgos o amenazas que comprometa o afecten la Seguridad Interior. Es decir, regulará las acciones de autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio, ante una amenaza específica que ponga en riesgo al país.

Dicha ley servirá para que las autoridades federales tengan las reglas claras ante las amenazas que representan los riesgos en el país, para que los gobiernos de los estados justifiquen la petición de ayuda a la federación y se comprometan a corregir sus fallas y atender sus obligaciones y para que no sea discrecional el uso de las autoridades federales en los estados. 

Esta reglamentación se implementará a través de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que incluirá las amenazas identificadas, qué autoridades intervendrán, tiempo, lugar, acciones y objetivos para frenar las amenazas en un sitio determinado, además podrá ser solicitada por el Presidente, el Poder Legislativo del estado o el gobernador. Así mismo se dará a conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que actúe en la protección y defensa, por su parte, al Congreso de la Unión para que analice y dé seguimiento por qué se pidió la intervención y cómo se atienden las amenazas en el lugar que lo solicitó. 

De la misma manera, se publicará en el Diario Oficial de la Federación para que todo los ciudadanos lo sepan y en las gacetas oficiales de los estados afectados. De igual forma, se establecerán obligaciones a los estados para invertir en capacitación de policías, controles de confianza, y depurar sus corporaciones de seguridad. No se podrá exceder de un año y podrá prorrogarse si la amenaza persiste. La actuación del Ejercito y la Marina solo se activará cuando la Policía Federal sea superada por el conflicto, es decir, serán las últimas opciones que utilizará la federación.

Según la Cámara Alta, la ley beneficiará a los ciudadanos porque podrán saber dónde están las Fuerzas Armadas, y qué están haciendo. Las amenazas serán acatadas con inteligencia, precisión y coordinación entre autoridades federales, locales y defensores de los derechos humanos. Los gobiernos estatales tendrán objetivos y plazos para mejorar la seguridad dentro de su territorio, también beneficiará a las autoridades federales ya que harán las tareas que les corresponden sin distraerse en otras.

Por último, el Senado de la República explicó que son mitos la militarización del país, que se atentará contra la protesta social, se violentaran los derechos de los mexicanos, la intervención de las comunicaciones y que las Fuerzas Armadas harán tareas de seguridad pública.

Esta ley estuvo en manos de cuatro comisiones ordinarias del Senado: Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda. Los presidentes de dichas comisiones al presentar el punto de acuerdo en tribuna dijeron:

María Cristina Díaz Salazar (@Cristina_Diaz_S) presidenta de la Comisión de Gobernación: «Con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente y mucho menos es intención del Gobierno de la República militarizar al país como algunos aseguran».

Ley de Seguridad Interior. (Foto: Internet)

Fernando Torres Graciano (@FerTorresGTO ), presidente de la Comisión de Defensa Nacional mencionó que no es una ley para la Armada, sino para establecer procedimientos, tiempos y requisitos que permitan regular la participación de Fuerzas federales en temas de seguridad interior.

Ley de Seguridad Interior. (Foto: Internet)

Ricardo Barroso Agramont (@RicardoBarrosoA) presidente de la Comisión de Marina: «Con la aprobación, estamos dando un importante paso para saldar la cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos».

Ley de Seguridad Interior. (Foto: Internet)

Benjamín Robles Montoya (@BenjaminRoblesM) presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda: «Expertos de la ONU y representantes de derechos humanos han expresado el rechazo y han pedido al Senado no aprobar en sus términos el dictamen porque es un riesgo e implica la militarización del país».

Ley de Seguridad Interior. (Foto: Internet)