«Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogad@s, de ustedes. Gracias. #AquíNadieSeRinde» escribió la periodista Lydia Cacho en su cuenta de Twitter, el pasado 13 de abril, después de que se comenzara a difundir la noticia que tardó más de 10 años en llegar, la orden de aprehensión en contra de Mario Marín, gobernador de puebla de 2005 a 2011 y el empresario textilero Kamel Nacif, por ser los autores intelectuales de la tortura que sufrió en diciembre de 2005.

No obstante, no fueron las únicas ordenes que se giraron, también en contra del excomandante Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la policía judicial, quienes ya son buscados para ser detenidos.

La resolución anterior se suma a la disculpa pública que el Estado mexicano representado por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas y, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Segob, le ofrecieron a la periodista mexicana por la violación de sus derechos humanos en enero de 2019.